III. ENCUENTRO REGIONAL DEL PROYECTO JUSTICIA PENAL JUVENIL

3.1. “PRESENTACION DE LA SISTEMATIZACION DEL PROYECTO REGIONAL Y COMPLEMENTACIONES”

Lunes 21 de mayo: Horas de la tarde.

Participantes:

- Representantes de las Secciones de DNI de Paraguay, Colombia, Uruguay, Argentina, Bolivia, Ecuador, Chile y Brasil (ANCED)

- Representante de ICCO/Kerkinactie, Thilly de Boer.

- Presentación de la sistematización de las experiencias, resultados alcanzados a través del proyecto regional, a cargo de Rose Marie Achá

La Coordinación Regional presentó la sistematización realizada de los tres años de ejecución del proyecto regional de Justicia Penal Juvenil, basada en los informes periódicos del proyecto, las matrices completadas por las Secciones de DNI, los resultados de los Encuentros Regionales 2005 y 2006 y los demás documentos producidos en el transcurso de los tres años de ejecución.

Asimismo, se acordó que la sistematización de la experiencia del proyecto fuera recogida en una publicación, para su difusión a nivel regional a fin de aportar al trabajo y a los debates existentes en los diferentes ámbitos regionales sobre Justicia Penal Juvenil.

Principales lecciones aprendidas:

• Desde el inicio de la ejecución del proyecto, las actividades en los cuatro Componentes tuvieron como elemento requerido para el éxito y la sostenibilidad de las acciones el fortalecimiento de alianzas y la coordinación entre DNI y las instituciones del Estado.
• Pese a que el cumplimiento de la legislación en Justicia Penal Juvenil es una obligación de las autoridades judiciales y administrativas, en el desarrollo del proyecto se ha visto que el hecho de que existan convenios suscritos o compromisos asumidos con el Estado no asegura que éstos sean cumplidos, por diferentes motivos que hacen al funcionamiento y burocracia de los Estados, lo cual requiere de actividades de seguimiento permanente y el fortalecimiento de las alianzas con organizaciones de la sociedad civil para ejercer presión.
• Es importante mantener la práctica de la elaboración conjunta o coordinada de metodologías y programas, así como su validación, tanto con niveles del Estado como con organizaciones de la sociedad civil.
• En las localizaciones donde se han promocionado los programas de sanciones no privativas de libertad se ha percibido una nueva dirección en las instituciones del Estado (juzgados, fiscalía, centros de privación de libertad) más abierta hacia la aplicación de dichas alternativas. Sin embargo, se debe cuidar de no realizar actividades que pueden equipararse al asistencialismo o sustituir a los órganos del Estado en la aplicación de las sanciones.
• Siguiendo ese análisis, la mejor vía de trabajo para la etapa de continuidad, en cuanto a ampliar la promoción de las sanciones no privativas de libertad, no es ampliar el número de localizaciones donde se aplican sino lograr la institucionalización de los modelos diseñados.
• Al promocionar la implementación de sanciones no privativas de libertad, en la búsqueda de una mayor efectividad y cumplimiento de los objetivos del sistema de Justicia Penal Juvenil se ha ingresado al análisis de la Justicia Restaurativa, como recurso para hacer efectivos los procesos de responsabilización en los adolescentes en conflicto con la ley y también como vía de trabajo pedagógico no procesal-judicial, sin embargo, es necesaria una mayor profundización y un mejor conocimiento del enfoque de la Justicia Restaurativa para asumirlo en la ejecución del proyecto.
• Se ha demostrado la efectividad táctica de realizar actividades de sensibilización sobre derechos de niños, niñas y adolescentes en general, y a través de ello ingresar a abordar la situación de los adolescentes en conflicto con la ley, o de seleccionar herramientas estratégicas para promover la reflexión, como formas de superar la resistencia usual que se presenta cuando se aborda el tema de derechos en Justicia Penal Juvenil.
• Se ha comprobado la eficacia del monitoreo (visitas periódicas a centros, coordinación con operadores de justicia) como forma de asegurar el cumplimiento de las responsabilidades estatales vinculadas a un buen funcionamiento del sistema de Justicia Penal Juvenil y una menor violación de derechos.

Recomendaciones:

• Dar continuidad al impulso de procesos de reforma legislativa y normativa, de manera de posibilitar una base jurídica y legal sólida en los países que facilite la aplicación de los principios de la CDN. Para ello, se debe fortalecer la alianza en dos niveles, al nivel institucional/estatal para poder participar de los procesos legislativos y normativos, y al nivel de la sociedad civil, para impulsar la reflexión y la intervención en cuanto a la elaboración, aprobación o complementación de leyes y reglamentos.
• Enfocar el trabajo de promoción de sanciones no privativas de libertad hacia la institucionalización de losmodelos y metodologías.
• Fortalecer la incidencia o la movilización al nivel regional, a través de procesos de mayor análisis del contexto y demayor articulación dentro del Movimiento y con otras iniciativas y organizaciones que desarrollan temáticas similares.
• Más espacios de formación y capacitación dentro del Movimiento y mayor debate de temáticas y conceptos para asumir posicionamientos regionales, fortaleciendo también el espacio virtual.
• Lograr que el enfoque de la integralidad de los derechos se incorpore en los procesos de fortalecimiento de los sistemas especializados en Justicia Penal Juvenil, en todos los niveles del Estado y en las organizaciones sociales.
• Desarrollo de un trabajo estratégico de sensibilización social que enfrente los estereotipos que se difunden y la regresión en el respeto de los derechos fundamentales que se produce por el avance de las tendencias represivas de la Seguridad Ciudadana; así como una mayor visualización de los resultados de la sensibilización.
• Sostenibilidad de los programas de capacitación a operadores de justicia de manera que permitan paulatinamente el desarrollo efectivo de capacidades y la transformación institucional en términos de estructura, enfoque y funcionamiento.

3.2. “ACTUALIZACION DE LOS CONTEXTOS REGIONALES Y REFLEXION SOBRE LAS NUEVAS TEMATICAS A SER INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE CONTINUIDAD”

Martes 22 de mayo.

Participantes:

• Representantes de las Secciones de DNI de Paraguay, Colombia, Uruguay, Argentina, Bolivia, Ecuador, Chile y Brasil (ANCED)
• Representante de ICCO/Kerkinactie.
• Representante de Tierra de Hombres – Lausanne.
• Representante de Encuentros – Casa de la Juventud de Perú.
• Representante de Funprode.

- Presentación del actual contexto político regional en lo relativo a los adolescentes en conflicto con la ley, a cargo de Marcos Guillén

Diagnóstico: Políticas represivas en las que se notaba ausencia de políticas hacia la juventud. Hay serios inconvenientes de incorporación al trabajo o a la educación. Sin embargo, las políticas son por excelencia de “mano dura”.

En estos últimos 4 o 5 años se puede ver:

• Una modificación en las relaciones de fuerza en el contextos sociales
• Desde las organizaciones de la sociedad civil se da el pase de describir los efectos negativos de las políticas existentes
• Posicionamiento en las elecciones de sectores que se contraponían al poder de los políticos tradicionales.
• Recuperación del espacio político: en general rechazo a las políticas neoliberales.
• Una armonización de las legislaciones internas en base a la convención pensada en los jóvenes.
• Se tendía a influir en el Estado desde todos los sectores.
• Desde la sociedad civil se da mucha apertura para rescatar políticas para jóvenes
• Formación de agentes judiciales
• Actuación sobre formadores de opinión pública: elemento esencial a la hora de plantearse proyecto, modificación de políticas.

Aportes de los participantes:

Resumen de los puntos señalados por los participantes, en el espacio previsto para aportes que enriquezcan la revisión del contexto:

• Las políticas represivas siempre están latentes, sin embargo, se ve en la sociedad civil intentos de modificarlas.
• Hay que tener presente, como DNI, la importancia de hacer seguimiento sobre la distribución económica que hacen los gobiernos en los temas que nos interesan a nosotros.
• Existe un cierto condicionamiento a los organismos financieros, es decir, no se dimensiona a lo que se va a destinar los fondos y en muchas ocasiones estos créditos se destinan a obras contradictorias a la política. Los Estados deben crear mecanismos para que desde el nivel nacional se influya sobre la agenda.
• En el caso de las financieras internacionales es necesario conocer los fines de las financieras: unas están ligadas y pensadas en el tema de derechos y otras únicamente en el tema de seguridad.
• El proyecto de DNI inicia dando una problemática general, pero existe una coyuntura de los hechos de septiembre que generó un problema de seguridad mundial. En ese sentido, en el marco de la alarma social por cuestiones de inseguridad se vio a los jóvenes como los posibles causantes de estas situaciones.
• Hay que actuar en la formación, principalmente del sector de los abogados, en algunos sectores el tema de juventud y derechos es inexistente.
• No existe en algunos países una política que permita aplicar los programas sobre Justicia Juvenil.
• Este contexto tiene que ver con el proyecto, el tema de la democracia es esencial, los gobernantes no fortalecen la democracia.
• América Latina esta creciendo económicamente en los últimos años, sin embargo estos recursos no están orientados a mejorar la situación de pobreza.
• Cuando se habla de democracias, más que debilitadas, se podría hablar de democracias en crisis, se ve que la democracia representativa ya no va más en la región. Las organizaciones que trabajan en el tema de derechos de los niños, no solo de adolescentes, no hemos terminado de salir del paradigma antiguo de la situación irregular. Esto se puede ver claramente en la idea del no reconocimiento de los adolescentes como sujetos de derechos que les incluye una responsabilidad. O hay una posición de criminalización. Todavía como operadores sociales seguimos en ese proceso y el darnos cuenta de esto nos permitirá cambiar lo que hacemos. Es necesario ser muy autocríticos en relación con nuestras posiciones.
• Sí hemos aportado a los cambios sociales. En algunos casos, se siguen manteniendo posiciones muy tradicionales en grupos que aparentemente tienen una visión formada sobre el tema. Esto permite ver que sí existe una deformación de los conceptos y se ven mentalidades de poder que entorpecen y no entienden los nuevos paradigmas de la niñez.
• Es importante mirar que los derechos se concretizan en políticas, y es necesario reconocer que este es un tema desconocido para el gobierno, para los operadores del sistema, etc. Es necesario advertir que se deben considerar todos los sectores no solo el judicial, sino salud, educación, etc. Además, es importante trabajar no solamente exigiendo sino también proponiendo, no solo a nivel nacional sino a nivel local con los gobiernos locales.

- Panorama regional de la Justicia Penal Juvenil en sus componentes jurídico legales, a cargo de Rose Marie Achá

Todos los países latinoamericanos han ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño, particularmente en Sud América el período de suscripciones y ratificaciones se ha dado en los años 1990-1991, cuando todos los Estados asumen la Convención en sus legislaciones nacionales.

Sin embargo, el proceso de adecuación de las leyes nacionales a la Convención ha sido más lento, al punto que dicho proceso continúa actualmente en algunos países, como Argentina, donde no hay leyes específicas, basadas en la Convención, referidas a la Justicia Penal Juvenil.

La mayoría de los países tienen ahora una legislación acorde con la Convención,en algunos casos existen leyes específicas de Justicia Penal Juvenil y en otros casos las disposiciones al respecto se hallan en los Códigos referidos a la niñez y adolescencia; sin embargo, el principal problema que se puede observar es que estas leyes no se cumplen a cabalidad en la práctica. Las razones de la falta de cumplimiento son persas: falta de estructuras suficientes para aplicar determinadas medidas establecidas legalmente, ausencia de voluntad política para impulsar el cumplimiento de las normas referidas a adolescentes en conflicto con la ley, invisibilización de este sector social en las políticas del Estado, etc.; así como también algunos vacíos normativos que impiden el cumplimiento cabal de la legislación, esto último es muy patente en los países donde faltan reglamentaciones a las leyes, en forma de decretos o resoluciones administrativas, lo que causa que gran parte de las disposiciones legales no se puedan aplicar.

En ese contexto general, se pueden señalar las siguientes problemáticas comunes en los sistemas de justicia, vinculadas con la comisión de infracciones o delitos por parte de adolescentes:

• Privación de libertad como medida de aplicación preferente. (régimen cerrado y régimen semi cerrado)
• Ordenes de orientación, medidas socioeducativas, alternativas a la judicialización, y otras sanciones no privativas de libertad existen en las legislaciones pero el Estado no puede garantizar su aplicación efectiva.
• Condiciones críticas de ejecución de la sanción de privación de libertad (lugares no adecuados, hacinamiento, convivencia en los mismos establecimientos que los adultos, etc.)
• Falta de estructuras, recursos y voluntad política para la aplicación de las medidas que no implican privación de libertad.
• Existencia de sanciones accesorias: Los adolescentes que infrinjan la ley también pueden ser obligados por el juez a someterse a tratamientos de rehabilitación por adicción a las drogas o al alcohol.
• Visión tutelar en los responsables de aplicar las leyes.
• Inversión más concentrada en medidas punitivas / retributivas.
• Visualización/asunción del enfoque de la Justicia Restaurativa.
• Fuerte tendencia que relaciona los problemas de seguridad urbana con los adolescentes y jóvenes, percepción generalizada de que la delincuencia está en aumento y es más violenta, creación/mantenimiento de estereotipos y priorización de medidas represivas.
• Existencia de leyes u otras normas referidas a la Seguridad Ciudadana, que en muchos casos contradicen los principios de la legislación de derechos de la niñez y adolescencia, o que imponen otras sanciones no previstas en esta legislación (batidas o redadas policiales, detenciones a adolescentes y jóvenes que se encuentran consumiendo alcohol, etc).

• La Convención debe cumplirse obligatoriamente en los países, aunque no existan leyes específicas sobre el tema de Justicia Penal Juvenil. Esto sucede por ejemplo en Argentina donde los jueces imponen medidas como la libertad asistida basándose exclusivamente en la Convención debido a que no existe una ley nacional específica sobre Justicia Penal Juvenil.
• También suele haber una discusión sobre la aplicación de la ley, respecto a si los instrumentos internacionales (Convención y otros) se encuentran por sobre la Constitución Política del Estado o si tienen rango de leyes. Este aspecto tiene sus diferencias en cada país dependiendo de las disposiciones que contenga cada Constitución sobre el rango de los instrumentos ratificados.
• Los gobiernos no han trabajado un proceso de consulta a la población sobre la ratificación de convenios o tratados internacionales.
• Mientras que en casos de otros convenios internacionales el proceso de revisión y ratificación en cada Estado suele demorar muchos años, en el caso de la Convención sobre los Derechos del Niño su ratificación por los Estados ha sido casi inmediata. Sin embargo, ello estuvo en un contexto histórico determinado, se produce durante el fin de la Guerra Fría donde los países estaban interesados en hacerse notar políticamente.
• El problema es que los Estados suscriben y ratifican los instrumentos internacionales, para después dejarlos sin aplicación.
• En Brasil se utiliza el término Justicia Juvenil, no puede hablarse de Justicia Penal Juvenil, debido a las características del sistema existente.
• Sería necesario diferenciar las características y la realidad de América del Sur y la de América Central. Sin embargo, en general los problemas son comunes a todos los países latinoamericanos.
• En el momento de la detención de un adolescente se produce la violación de sus derechos por parte de la autoridad, esto es un indicador de cómo va a ser tratado por el sistema durante el proceso.
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• Los organismos de Derechos Humanos, ¿podemos hacer mediación? El mediador tiene que estar en otra posición. ¿Es posible, entonces, que haya personas que se formen en mediación y no sean defensores de Derechos Humanos puesto que el mediador por su posición no debe tener un partido?
• ¿El aumento de la delincuencia juvenil, es real o solo una percepción? De donde se sacaron las cifras?
• De donde surge el tema de la justicia restaurativa? Quién la promueve?
• Cuando hablamos de justicia restaurativa hablamos de un enfoque, manera diferente de ver? El enfoque restaurativo tiene una percepción distinta de las retributiva? La restaurativa es un puente entre la retributiva y la tutelar?.Es un enfoque estamos hablando de un tipo de justicia?
• Cómo resuelven el problema del poder en la relación víctima infractor en el proceso de mediación?
• En el modelo de intervención se contempla la reparación del daño de vulneración de derechos que vienen previo al delito, abuso, maltrato vulneración que es parte de su situación de vida?
• Cómo se empata el planteamiento de la justicia restaurativa (infractor -víctima - comunidad) con un sistema de justicia que tiene una forma de planteamiento rígido, marco de institucional retributiva?
• En Perú hay sistemas tradicionales, cómo es pueden usar esos sistemas?
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• ¿Cómo se aplica la Justicia Restaurativa cuando son delitos contra la vida o delitos sexuales?
• Elementos centrales de la Justicia Juvenil son el papel preponderante del fiscal, y el procedimiento garantista. ¿Cuál es el papel de los fiscales y de los equipos multidiciplinarios, en la Justicia Restaurativa? ¿Seguimiento?
• ¿Se puede plantear como una propuesta distinta de la justicia penal? ¿Es posible plantar desde la justicia restaurativa un concepto de delito? ¿La restauración es diferente de la sanción, debe o no debe ser sancionado?
• ¿Qué papel tiene el Estado frente a la comisión de delitos?
• ¿Hasta dónde se puede llegar con las prácticas restaurativas?
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• Representantes de las Secciones de DNI de Paraguay, Colombia, Uruguay, Argentina, Bolivia, Ecuador, Chile y Brasil (ANCED)
• Representante de ICCO/Kerkinactie.
• Representante de Funprode.
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• Secciones de Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile y Uruguay con financiamiento de Kerkinactie
• Secciones de Ecuador y Paraguay con financiamiento de Porticus
• Reintegra de México (con aportes propios hasta la consecución del apoyo de otros financiadores)

• Promoción de medidas no privativas de libertad con enfoque de justicia restaurativa
• Reforzamiento de la aplicación de la ley.Promover la plena aplicación de la nueva legislación.
• Programas de capacitación a operadores de justicia
• Sensibilización social
• Prevención de la violencia social
• Monitoreo al cumplimiento de las recomendaciones del comité de derechos del Niño.
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• Promover el funcionamiento de sistemas especializados de Justicia Penal Juvenil en la región, así como programas de prevención de la violencia, aplicando las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño.

• Impulsar la vigencia plena de una legislación en materia de justicia penal juvenil coherente con los artículos 37 y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

• Proceso de adecuación de la legislación a la Convención sobre los Derechos del Niño fortalecido con las acciones de DNI.
• Se identifican los vacíos y obstáculos que requieren ser superados para la aplicación efectiva de aquella normativa acorde con la Convención.

• Promocionar e implementar el uso de sanciones no privativas de libertad con enfoque en Justicia Restaurativa.

• Validación e institucionalización. Se desarrollan programas de medidas no privativas de libertad promovidas por DNI ampliando la cobertura en la atención de casos.
• Se profundiza el estudio de prácticas relacionadas con el enfoque de la Justicia Restaurativa y la desjudicialización de casos, desarrollándose propuestas metodológicas innovadoras.
• Se brinda apoyo en asesoría legal y protección de derechos en el marco de la promoción de medidas no privativas de libertad.

• Impulsar la especialización de los diferentes actores del sistema de justicia, y promover la comprensión social de la situación de los adolescentes en conflicto con la ley.

• Nuevas estrategias de capacitación y sensibilización son diseñadas y aplicadas.
• Actores del Poder Judicial, Ministerio Público, Policía e instancias administrativas capacitados en Justicia Penal Juvenil, contando con los conocimientos y herramientas suficientes para mejorar la atención de casos y administrar justicia de acuerdo con los principios internacionales.
• Trabajadores de medios de comunicación y sectores de la comunidad sensibilizados sobre la situación de los adolescentes en conflicto con la ley.

• Contribuir a la prevención de la violencia y el delito mediante la promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y el impulso a la implementación de políticas públicas integrales.

• Se ha promovido la implementación de políticas, planes y programas sociales dirigidos a la generación de oportunidades y a la superación de conflictos.
• Se ha fomentado un mayor debate público y el desarrollo de alianzas y redes con otras organizaciones vinculadas al trabajo con adolescentes en conflicto con la ley.

• Monitorear la aplicación de las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño y otros principios internacionales y regionales de Justicia Penal Juvenil, en los países donde se ejecuta el proyecto.

• Se difunde regularmente información cuantitativa y cualitativa sobre los avances de los sistemas de Justicia Penal Juvenil en el cumplimiento de las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño.
• Se conocen y utilizan las herramientas de los organismos del sistema interamericano para la promoción de los derechos de los adolescentes en conflicto con la ley.
• Se han realizado encuentros y debates regionales con la participación de las Secciones de DNI, instituciones y expertos para la profundización de las temáticas y los enfoques renovados de la Justicia Penal Juvenil, desarrollando estrategias de difusión de los productos generados por el proyecto.
• Se han establecido las bases de un observatorio latinoamericano de Justicia Penal Juvenil.
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• Aún falta más comprensión del tema de la Justicia Restaurativa, hay experiencias ya ejecutadas que han dejado lecciones, también existen muchas críticas al funcionamiento de los métodos restaurativos.
• Es más conveniente decir que el proyecto de continuidad aportará en estudio e intercambio sobre el tema, y se profundizará en el conocimiento de prácticas con enfoque de la Justicia Restaurativa.

• ¿Qué tipo de violencia se quiere prevenir? Violencia social/estructural. Hay que revisar más los conceptos que se manejan, y unificar los criterios. Asimismo, hay que eliminar la visión de que los adolescentes o jóvenes sean generadores de violencia.
• Es necesario profundizar la discusión sobre lo que es la prevención de la violencia. ¿Prevención primaria, secundaria, terciaria?

• Se debe felicitar por la organización del evento. Buen espacio, buena atención.
• En cuanto a la agenda, se fue ágil en la medida en que se pudo mover la agendade acuerdo con los requerimientos que fueron apareciendo, a fin de tratar todos los temas. En este caso, fue muy conveniente haber priorizado los temas fundamentales del evento.
• Ha existido un avance de los Encuentros anteriores a éste, hay muchos avances y aprendizajes. Hubo más puntos en común que disensos.
• Se cumplieron los objetivos tanto en metodología como en contenido.
• Es importante llevar una propuesta sobre coordinación/articulación del trabajo en la región al evento nuevo que se está organizando.