XVIII Cumbre Iberoamericana
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El contexto económico y social de América Latina
La profundización
de la brecha entre ricos y pobres es el signo más evidente de la
desigualdad en América Latina, mucho más pronunciada que en cualquier
otro rincón del planeta. Según el Banco Mundial ochenta millones de
personas en Latinoamérica vive con menos de un dólar por día y según el
Banco Interamericano de Desarrollo hay 150 millones de pobres en el
continente.
En Centroamérica, el informe “Estado de la Región” del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Unión Europea indica que hay casi 35 millones de pobres, más del 60% de la población total. La pobreza coloca en estado de vulnerabilidad manifiesta a millones de personas en el continente, es decir en el riesgo de que un hogar o individuo atraviese en algún momento un período de dificultad por problemas de ingreso o salud. Esta vulnerabilidad también implica la probabilidad de estar expuesto a muchos otros riesgos, entre ellos: violencia, consumo abusivo de droga y alcohol, desastres naturales, interrupción de los estudios.
En el análisis de la pobreza como factor de vulnerabilidad social, la
distribución de la riqueza merece una consideración especial. En este
sentido, el reciente informe del PNUD sobre Desarrollo Humano indica
que “para reducir la pobreza de ingresos, la distribución importa tanto
como el crecimiento”. Especial preocupación reconoce la situación de
los sectores adolescentes, que suman a las condiciones adversas de la
exclusión social, la victimización que sobre ellos produce el accionar
del crimen organizado tanto nacional como transnacional.
Las políticas públicas de combate y eficaz penalización contra los responsables del crimen organizado, implica al mismo tiempo un esfuerzo de protección a la seguridad ciudadana y de resguardo de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes.
Según el antropólogo argentino residente en México Néstor García
Canclini, ”En América Latina, la desigualdad posee bases económicas,
historias, simetrías, explotaciones internas y externas. Al mismo
tiempo es el resultado de discriminaciones y estereotipos que nos han
fijado en el lugar de los que duermen la siesta, de los que no quieren
afrontar la complejidad y la dureza del mundo tecnológico, que
prefieren las relaciones familiares y de compadrazgo a la competencia
económica. Buena parte de la configuración y la reproducción de la
desigualdad en Latinoamérica es el resultado de estos estereotipos y de
un acceso diferencial y desigual a los recursos de la última
modernidad…”.
La seguridad ciudadana El Secretario General de las Naciones Unidas, Sr. Kofi Annan, en la última Cumbre de Presidentes, ha puesto en consideración una reflexión sustantiva en esta materia bajo el título “Un Concepto más amplio de libertad - Desarrollo, Seguridad y Derechos Humanos para todos”. Allí expresa que “los acontecimientos que se han producido desde que se proclamó la Declaración del Milenio exigen que se revitalice el consenso sobre los desafíos y las prioridades fundamentales y que ese consenso se convierta en acción colectiva. Para ello debemos guiarnos por las necesidades y las esperanzas de los pueblos de todo el mundo. El mundo debe promover juntas las causas del desarrollo, la seguridad y los derechos humanos, porque de otro modo ninguna de ellas podrá triunfar. La humanidad no podrá tener seguridad sin desarrollo, no podrá tener desarrollo sin seguridad y no podrá tener ninguna de las dos cosas si no se respetan los derechos humanos…”. La población menor de edad está requiriendo el aumento de la inversión pública, la ampliación y diversificación de la oferta educativa, políticas participativas que garantizan no sólo el beneficio de servicios y programas, sino un alto componente de reconocimiento a la participación activa de los propios adolescentes en el diseño e implementación de las acciones. En este sentido, en toda América Latina es fácilmente identificable la relación existente entre los impedimentos, directos o indirectos, para el ejercicio pleno del derecho a la educación, en los términos planteados en los artículos 28 y 29 de la CDN, y en la jurisprudencia sustentada, en el Comentario General Nº 1 del Comité y la participación de los adolescentes y jóvenes en conductas que conforman la comisión de una infracción de la ley penal. En esta perspectiva, es posible constatar que el aumento de una inversión pública en el sector educativo, que impulse políticas de inclusión, calidad educativa, permanencia, y acreditación de ciclos educativos, así como de articulación con las futuras etapas del desarrollo para una efectiva integración social, impacta sensiblemente en la reducción de la participación de los niños, niñas y adolescentes en circunstancias que determinan el conflicto con la ley penal. Asimismo cabe destacar el informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas, Katerina Tomasevski, sobre el Derecho a la Educación, que en Enero de 2004 señalaba: “Uno de los principales motivos para incluir la educación entre los derechos humanos era que su realización no dependiese del mercado libre, donde el acceso a la educación está determinado por el poder adquisitivo. Las dificultades recientes para mantener este principio han determinado un cambio en el vocabulario; el derecho a la educación se ha sustituido por el acceso a la educación y la obligación de los gobiernos de velar por que al menos la enseñanza obligatoria sea gratuita, se ha atenuado colocando la palabra gratuita entre comillas (educación "gratuita"). Esas variaciones lingüísticas tienen por objeto destacar que se debe financiar la educación, negando implícitamente que su financiación deba hacerse con cargo a recursos públicos en la medida en que se trata de un derecho individual, en particular de cada niño. La base del derecho a la educación es un sistema en el que la educación sea gratuita en los lugares donde se imparte, como ejercicio de un derecho y no en función de la capacidad de cada uno para costeársela” y que “Las consecuencias de negarles la educación en su período de crecimiento no se pueden reparar retroactivamente…”. En otro orden de cosas, agrega: “En el plano internacional, la garantía de la educación obligatoria y gratuita se vinculó a la eliminación del trabajo infantil en 1921, hace más de 80 años. La base teórica era -y sigue siendo- que garantizar el derecho a la educación abría la puerta a otros derechos, mientras que negarlo llevaba a su vez a negar otros derechos humanos y desde un punto de vista económico, la base teórica era -y sigue siendo- que la inversión en la educación debe corresponder a los gobiernos porque produce rendimientos económicos a largo plazo. Además, la educación no consiste sólo, y ni siquiera principalmente, en transmitir unos conocimientos y aptitudes, sino que es un bien público porque representa la forma más extendida de socialización institucionalizada de los niños. La base económica del derecho a la educación sigue siendo importante porque la negación de ese derecho conduce a la exclusión del mercado laboral, que a su vez causa la exclusión de la seguridad social. Cuando la negación de los derechos humanos produce pobreza, como suele ocurrir en el caso de las niñas y las mujeres, la reparación pasa necesariamente por la afirmación y aplicación de esos derechos, empezando por el derecho a la educación”. “Para romper el círculo vicioso de la pobreza agravada por la exclusión de la educación, los gobiernos, individual y colectivamente, deben dar prioridad a la financiación igualitaria de la educación, tanto a nivel nacional como internacional. Puesto que las mujeres son las más afectadas por la falta o la degradación de los servicios públicos, las decisiones sobre la educación como servicio público gratuito o su inclusión entre los servicios objeto de comercio libre tienen consecuencias positivas o negativas para la igualdad entre hombres y mujeres”. Extracto de su ponencia “LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES” Caminando hacia un Sistema Integral de Justicia y una Construcción de Políticas Públicas acordes con el Marco Jurídico Internacional. |
