En sus marcas

En su primer año de labores, Vías Alternas se enfoca en la creación y desarrollo de una red regional compuesta por seis organizaciones: una por país.

Le dicen sí al desafío: 

Panamá: Comisión de Justicia y Paz.
www.juspax.org.pa

Nicaragua: Fundación de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes infractores de la ley y Red de Defensoría Social (FUNPRODE RAPSA). www.funprode.org

El Salvador: Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD). www.fespad.org.sv

Honduras: Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Victimas de Tortura y sus Familiares (CPTRT). www.cptrt.org

Guatemala: Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG). www.iccpg.org.gt

Se busca que la red promueva el uso de las Sanciones Alternativas a la prisión en los subsistemas de Justicia Penal Juvenil.

Para el desarrollo de la red, DNI Costa Rica se asume como punto focal que facilita la articulación de las contrapartes mediante el intercambio de información, así como el acompañamiento de los desarrollos propios de cada organización en su país.

En este sentido, el proyecto cuenta con dos niveles de acción: un nivel regional en el que se inscriben las acciones de articulación de la red y la incidencia en espacios de toma de decisiones que desde esta instancia se puedan realizar; y un nivel nacional, en el que se inscriben las acciones de investigación, seguimiento e incidencia que cada organización realizará.

De ahí que el proyecto identifique un grupo de actores claves para el desarrollo de sus objetivos: en primer lugar, para este primer año de actividades, las organizaciones de la sociedad civil son el actor social con que se priorizarán las acciones para la construcción y fortalecimiento de la red centroamericana. En segundo lugar, los operadores de los sistemas de justicia en cada país serán abordados desde las organizaciones de la red, para conocer e incidir en el tema de las Sanciones Alternativas.

Por último en tercer lugar de prioridad se encuentran los espacios de toma de decisión, tanto a nivel nacional (Poder Legislativo y Ejecutivo) como regional (Cumbres de Ministros de Seguridad, Justicia y presidenciales).

Los esfuerzos a realizar en el marco del proyecto se concentrarán en una población meta directa, conformada por los operadores de los subsistemas de justicia penal juvenil en los seis países de la región; esto con el fin último de lograr incidir en el respeto de los derechos humanos de las personas menores de edad en conflicto con la ley, que en este sentido conformarían, en su totalidad, la población beneficiaria indirecta del proyecto