PRIMER PROYECTO REGIONAL 2004 - 2007

CONTEXTO

Los adolescentes en conflicto con la ley constituyen uno de los sectores sociales más abandonados por los Estados, con mayores dificultades para el ejercicio de derechos y menos posibilidades de inclusión en las políticas públicas. Si bien los adolescentes en conflicto con la ley están sujetos a una administración de justicia especializada basada en un enfoque integral de derechos, conforme lo dicta la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), en la práctica los sistemas de administración de justicia adolecen de muchas falencias, no existen las estructuras necesarias para una adecuada aplicación de las sanciones y, en general, se observa una ausencia de aplicación de las disposiciones de la CDN.

Los siguientes aspectos son característicos de la realidad regional sobre el tema:

- En toda la región se han iniciado procesos de reforma legislativa en las temáticas de la niñez y adolescencia en general, y sobre Justicia Juvenil en particular. Dichos procesos, sin embargo, no han dado vigencia plena a los postulados de la CDN en cuanto a los adolescentes en conflicto con la ley; en algunos países aún se aplican leyes que siguen el enfoque de la situación irregular, y en otros es necesario complementar o fortalecer las normas vigentes a fin de asegurar su mejor aplicación.

- Se advierte una ausencia de aplicación de las medidas no privativas de libertad, pese a estar previstas en la ley no se aplican. La medida por excelencia es la privación de libertad debido a factores varios como la ausencia de recursos financieros y humanos o voluntad política para llevar adelante programas socio educativos que no impliquen internamiento.

- No existen alternativas reales al procesamiento judicial. Pese a que muchas normas jurídicas establecen vías para resoluciones no judiciales en la práctica no se aplican en forma sistemática.

- Escasa formación y capacitación en los operadores de la administración de Justicia Juvenil, muchos con una visión sesgada en cuando a la consideración de la situación de los adolescentes en conflicto con la ley.

- Las organizaciones no gubernamentales no suelen tener redes ni programas consolidados para actuar estratégicamente en el área de la Justicia Penal Juvenil.

- No existe un enfoque integral de derechos en el tratamiento de la temática de la Justicia Juvenil.

- Hay priorización del accionar policial hacia los adolescentes, principalmente dentro de los programas de seguridad ciudadana; en ese marco, se percibe un rechazo y una estigmatización muy pronunciada para con la población en conflicto con la ley, aspectos característicos de las tendencias a la “mano dura”.

- A esto se suman factores particulares, como en el caso colombiano, con un conflicto armado de vieja data, incrustado en las prácticas relacionales cotidianas, que penaliza la situación de los persos sectores de adolescentes y jóvenes que forman parte del conflicto.

Considerando este contexto, DNI puso en marcha un proyecto regional que contribuya a la modificación de la situación, a través del fortalecimiento de los sistemas especializados de Justicia Penal Juvenil.

El objetivo general fue:

Fortalecer en la región de América Latina los sistemas de justicia juvenil, impulsar políticas institucionales de reducción de la violencia penal y la adecuación de sus prácticas a los postulados de los artículos 37 y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Para la ejecución del proyecto se definieron cuatro Componentes:

Legislación

Sanciones Alternativas a la Privación de libertad
Capacitación de Operadores de Justicia
Sensibilización Social.

El trabajo ha tenido como población meta a persos sectores de la sociedad y el Estado:

- Adolescentes en conflicto con la ley (adolescentes sujetos a sanciones no privativas de libertad, adolescentes detenidos en centros de privación de libertad)
- Operadores de justicia (jueces, fiscales, policías, personal administrativo)
- Redes (organizaciones que trabajan temáticas similares)
- Comunidades (sectores de la población)

La ejecución del proyecto ha estado a cargo de las Secciones de DNI en los países de: Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Paraguay y Uruguay. La coordinación regional del proyecto fue encomendada a DNI Bolivia.